Se acumulan irritantes comerciales con EU
Inconformidades en el agro y medio ambiente se suman a las ya declaradas en las áreas automotriz y de energía.
México está acumulando “irritantes comerciales” con Estados Unidos en los sectores energético, agrícola, medioambiental, automotriz y manufacturero, entre otros.
En el más reciente de los casos, grupos conservacionistas presentaron una queja ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) argumentando que la construcción del Tren Maya podría violar disposiciones de este acuerdo.
“Sí hay irritantes comerciales importantes y podrían manifestarse en consultas en un futuro”, comentó Kenneth Smith, exjefe negociador del T-MEC y Socio del despacho AGON.
Los grupos Moce Yax Cuxtal, Jaguar Wildlife Center y Sélvame del Tren presentaron la queja argumentando que el gobierno ha deforestado decenas de hectáreas de selva para abrir paso al Tren Maya, antes de contar con los estudios y permisos ambientales correspondientes, y que el proceso de evaluación y autorización ambiental no está aplicando “de manera estricta lo consignado por la normatividad ambiental federal e internacional”.
En el ámbito agrícola, el gobierno de México no ha reportado ninguna aprobación de productos alimenticios o piensos biotecnológicos desde mayo de 2018, a la vez que ha rechazado los permisos de importación de productos que contienen glifosato, un herbicida vinculado con casos de cáncer sobre lo que Estados Unidos afirma que no hay pruebas científicas.
“Hay varias luces amarillas”, coincide Juan Antonio Dorantes, socio director de la consultora Dorantes Advisors, quien opina que el actual gobierno federal de México tiene una “visión inequitativa” porque evalúa al T-MEC positivamente cuando apoya a las empresas a exportar, pero negativamente cuando asume posiciones “proteccionistas”.
Por ahora, destacan dos casos: uno promovido por México y Canadá en contra de Estados Unidos por la interpretación de las reglas de origen automotrices, ya con un panel de solución de disputas levantado; y otro presentado por Estados Unidos y Canadá contra México sobre políticas energéticas a favor de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, en etapa de consultas.
México regula las importaciones de calzado, prendas de vestir y productos textiles mediante el uso de precios de referencia y licencias de importación.
En diciembre de 2018, la Secretaría de Economía canceló abruptamente las licencias automáticas de importación para varias empresas estadounidenses con base en supuestas “inconsistencias”, que México aún no ha explicado a partir de marzo de 2021, según el gobierno de Estados Unidos.
Además, los exportadores estadounidenses expresaron su preocupación por la falta de transparencia en la forma en que se determinan los precios de referencia y la aplicación desigual de las autoridades aduaneras y fiscales de México. Estados Unidos sigue vigilando estas cuestiones y ha animado a la Secretaría de Economía y a la autoridad aduanera de México, a aclarar cómo se aplican los requisitos.
Finalmente, el 1 de enero de 2021 entró en vigor un decreto que revoca las autorizaciones existentes “para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la dieta” y se prohíben las nuevas autorizaciones hasta que este grano sea sustituido antes del 31 de enero de 2024.
Estados Unidos está presionando a México para que revoque el decreto y garantice que la Cofepris tome decisiones sobre las solicitudes basadas en la ciencia, y emprenda y complete su procedimiento de aprobación de productos de biotecnología agrícola sin demoras indebidas y manteniendo un proceso transparente.
México está acumulando “irritantes comerciales” con Estados Unidos en los sectores energético, agrícola, medioambiental, automotriz y manufacturero, entre otros.
En el más reciente de los casos, grupos conservacionistas presentaron una queja ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) argumentando que la construcción del Tren Maya podría violar disposiciones de este acuerdo.
“Sí hay irritantes comerciales importantes y podrían manifestarse en consultas en un futuro”, comentó Kenneth Smith, exjefe negociador del T-MEC y Socio del despacho AGON.
Los grupos Moce Yax Cuxtal, Jaguar Wildlife Center y Sélvame del Tren presentaron la queja argumentando que el gobierno ha deforestado decenas de hectáreas de selva para abrir paso al Tren Maya, antes de contar con los estudios y permisos ambientales correspondientes, y que el proceso de evaluación y autorización ambiental no está aplicando “de manera estricta lo consignado por la normatividad ambiental federal e internacional”.
En el ámbito agrícola, el gobierno de México no ha reportado ninguna aprobación de productos alimenticios o piensos biotecnológicos desde mayo de 2018, a la vez que ha rechazado los permisos de importación de productos que contienen glifosato, un herbicida vinculado con casos de cáncer sobre lo que Estados Unidos afirma que no hay pruebas científicas.
“Hay varias luces amarillas”, coincide Juan Antonio Dorantes, socio director de la consultora Dorantes Advisors, quien opina que el actual gobierno federal de México tiene una “visión inequitativa” porque evalúa al T-MEC positivamente cuando apoya a las empresas a exportar, pero negativamente cuando asume posiciones “proteccionistas”.
Por ahora, destacan dos casos: uno promovido por México y Canadá en contra de Estados Unidos por la interpretación de las reglas de origen automotrices, ya con un panel de solución de disputas levantado; y otro presentado por Estados Unidos y Canadá contra México sobre políticas energéticas a favor de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, en etapa de consultas.
México regula las importaciones de calzado, prendas de vestir y productos textiles mediante el uso de precios de referencia y licencias de importación.
En diciembre de 2018, la Secretaría de Economía canceló abruptamente las licencias automáticas de importación para varias empresas estadounidenses con base en supuestas “inconsistencias”, que México aún no ha explicado a partir de marzo de 2021, según el gobierno de Estados Unidos.
Además, los exportadores estadounidenses expresaron su preocupación por la falta de transparencia en la forma en que se determinan los precios de referencia y la aplicación desigual de las autoridades aduaneras y fiscales de México. Estados Unidos sigue vigilando estas cuestiones y ha animado a la Secretaría de Economía y a la autoridad aduanera de México, a aclarar cómo se aplican los requisitos.
Finalmente, el 1 de enero de 2021 entró en vigor un decreto que revoca las autorizaciones existentes “para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la dieta” y se prohíben las nuevas autorizaciones hasta que este grano sea sustituido antes del 31 de enero de 2024.
Estados Unidos está presionando a México para que revoque el decreto y garantice que la Cofepris tome decisiones sobre las solicitudes basadas en la ciencia, y emprenda y complete su procedimiento de aprobación de productos de biotecnología agrícola sin demoras indebidas y manteniendo un proceso transparente.
EL ECONOMISTA